sábado, 13 de noviembre de 2010

Abortar en El Salvador cuesta 50 años de prisión


El Papa, durante su viaje a España no perdió la oportunidad de pronunciarse nuevamente contra el aborto, además de despotricar contra el matrimonio de personas del mismo sexo, ignorando la realidad, y el derecho del ser humano a su ciudadanía libre y no confesional . Reflexionar sobre la cotidianidad de la gente, cómo vive y cómo muere, e investigar desde una perspectiva humana despojada de los mandatos patriarcales que rigen el mundo de acuerdo a intereses seculares y de las propias creencias validándolas como las únicas y las verdaderas , es un buen ejercicio para ponerse en el lugar del otro/otra.
De momento podríamos ponernos en el lugar de las salvadoreñas: niñas, adolescentes y mujeres adultas. E n el año 2007, las autoridades salvadoreñas registraron 6.500 abortos, de los cuales un casi 30% fueron de niñas entre 10 y 18 años de edad. Mientras que en el 2008, se atendieron 6,856 casos de abortos, entre espontáneos y sépticos. Hubo 29 muertes maternas. Tenemos estadísticas desactualizadas, aunque lamentablemente la situación no ha mejorado.

La persecución comenzó en 1997, cuando la Asamblea modificó el Código Penal para eliminar la posibilidad de dispensar las sanciones penales cuando la vida de la mujer se encuentre en peligro, cuando el embarazo sea resultado de una violación, o cuando el feto padezca malformaciones severas y previsibles. Centenares de mujeres sospechosas de abortar, aún en el caso de que sus vidas sean puestas en peligro por un embarazo, son perseguidas por el sistema de justicia de este país centroamericano y deben vivir el infierno de la cárcel, condenadas al olvido y enterradas en la miseria.

"La mayoría son mujeres que viven en situación de pobreza. Si tienen una complicación en el momento del embarazo, no pueden acudir a un hospital privado. En las clínicas privadas, cuyo número se multiplicó por tres en diez años, se respeta el secreto profesional, no hay denuncias. Las mujeres que sufren de la ley anti-aborto son mujeres jóvenes con bajo nivel de instrucción. No tienen recursos para contratar defensoría legal. Son mujeres que han transitado literalmente del hospital a la cárcel. Nosotras, con la ayuda de abogadas/os, les ofrecemos la posibilidad de acceder a la justicia", explica Morena Herrera, integrante de la Colectiva de Mujeres por el Desarrollo Social

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