NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Seguiremos luchando!

Boletín quincenal Nº 120 - El día viernes 23 de julio, una serie de organizaciones realizaron, en la ciudad de Buenos Aires, una movilización y un acto en Plaza de Mayo para denunciar y exigir que se termine con la persecución a los luchadores populares. La iniciativa surge de en el marco de la campaña que el Encuentro Memoria Verdad y Justicia ha lanzado contra la creciente criminalización de la protesta social. En contra de los últimos hechos represivos ocurridos en el país, se exigió la no judicialización de la protesta y la no criminalización de la pobreza, entendiendo que las situaciones de represión, asesinato y tortura sufridas por los jóvenes en los barrios se repiten amparadas por una situación que les da impunidad. Entre los reclamos se cuentan el pedido de libertad de los presos políticos (Roberto Martino, Karina Germano López, José Villalba), el cierre de las causas y anulación de las condenas a los trabajadores y demás luchadores populares que hoy las tienen.

  Hoy hay más de 5000 causas abiertas contra luchadores sociales. Sumadas a una situación de gatillo fácil, y las situaciones represivas vividas en distintos puntos del país, como la ocurrida recientemente en Bariloche, o la represión en Andalgalá a comienzo de este año, expresan la situación de ambigua tensión e impunidad que se vive en el país. “Hoy por hoy el tema más terrible en defensa de los derechos humanos es la judicialización y la criminalización de la protesta son temas centrales. Se acusa a los luchadores populares y matan a los jóvenes de los barrios pobres en las comisarías”, apuntan desde la AEDD, “Sin embargo, por el avance en los juicios a los represores, este gobierno ha enarbolado la bandera de defensora de los derechos humanos, y de esa manera se ocultan las violaciones a los derechos humanos hoy.”

 

Respecto de la criminalización, expresa un compañero de la Mella: “la sufre, desde hace muchos años, cualquier sector; ya sean estudiantes, campesinos, trabajadores, desocupados, han tenido que pasar por distintos procesos judiciales por salir a luchar, decir lo que está mal y pelear por sus derechos. Esta movilización unifica a muchos sectores que sufren la criminalización que no es la manera para responder a la lucha.”

El gobierno, apoyado en un discurso sobre los derechos humanos, y bajo una política de supuesta no represión, ha puesto en pie, desde que asumió, una forma de cercar la protesta social a través de la judicialización y la criminalización de la misma. De este modo, sin asumir la responsabilidad sobre el clima de persecución y represión, impide el desarrollo de experiencias de organización político social de carácter crítico.

“Con este discurso de que no va a salir a reprimir porque es un gobierno progresista, la estrategia que adoptó para frenar las luchas que hay, es salir a judicializar – el caso más emblemático es el de Gualeguaychú – y salir a meter causas a los luchadores y organizaciones”, expresan desde la Compa (Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares)