Entrevista con Rodrigo Román, abogado del equipo que defiende a los 14 detenidos en Santiago de Chile El sábado 14 de agosto, en medio de un aparatoso operativo policial, fueron allanadas casas particulares y “okupas” de Santiago, Valparaíso, Temuco y Concepción, y detenidas 14 personas por orden del Fiscal Alejandro Peña. La maniobra contó con arbitraria brutalidad uniformada, destrucción de inmuebles, maltrato a mujeres embarazadas, y tanta prensa obsecuente como fuera posible.
La defensa de 9 de los imputados del llamado “Caso bombas” está en manos de la Defensoría Popular, cuyo objetivo es la defensa legal de los luchadores sociales que son víctimas de la criminalización del Estado. Su Director Ejecutivo es el abogado Rodrigo Román.
Discrecional e ilegalmente, el 23 de septiembre gendarmería trasladó de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) a Santiago 1 a cuatro de los aprehendidos, producto de lo cual comenzaron una huelga de hambre. Sólo después de las gestiones de sus abogados fueron reingresados el 1 de octubre a la CAS. Rodrigo Román ofreció los detalles del caso. ¿Cuáles argumentos esgrimieron para que los jóvenes fueran trasladados de nuevo junto a los demás imputados?
“Lo que nosotros alegamos es que el contacto criminógeno de Santiago 1 hace peligrar la integridad física y psíquica de estas personas. En todo caso, el régimen en el que se encuentran en la CAS es tremendo. Tienen 2 horas de patio y 22 de horas de encierro. El tribunal ordenó el retorno a la CAS de los cuatro imputados y eso produjo el fin de la huelga de hambre. Es decir acogió la solicitud de la defensa. Hay que considerar que la medida fue tomada inconsultamente por gendarmería.”
EL FISCAL PEÑA
¿Cómo se han desarrollado los procedimientos legales?
“Ha habido una dilación exagerada por parte del 11 Juzgado para resolver las peticiones de la defensa. Al respecto hoy está pendiente el debate relativo a cuál es el juez de garantía competente para conocer esta investigación, sin perjuicio de que la investigación la lleva el Ministerio Público. Según el Ministerio Público, sobre datos entregados por el Ministerio del Interior, los bombazos comienzan a sucederse en el 2005. A la fecha habrían ocurrido más de 100 en distintas comunas de Santiago. La investigación durante varios años estuvo en manos del fiscal Armendáriz y particularmente de Francisco Jacir, fiscal destacado para esta tarea de la Fiscalía Oriente. Sorpresivamente, hace tres meses supimos que se entregó el caso al Fiscal Alejandro Peña.”
¿En qué redundó el cambio de fiscal?
“En menos de dos meses, Peña, supuestamente, hizo lo que en cuatro años no pudieron hacer Armendáriz y Jacir, lo cual, entre otras cosas, considero una falta de respeto a la dignidad profesional de los fiscales. Peña es especialista en desbaratar bandas de narcotraficantes. Pero lo que no entiende es que los traficantes son distintos a muchachos libertarios de casa okupa.
En dos meses, el fiscal Peña, configura aparentemente la existencia de la Asociación Ilícita Terrorista, que es un delito, y la colocación de artefactos explosivos, que es otro. Por esas dos situaciones los muchachos son formalizados. Y rápidamente Peña ubica el caso en el 11 Juzgado de San Miguel, toda vez que estaba en el 8 Juzgado de Garantía. Esto violenta el derecho del debido proceso, y el derecho al juez natural o competente y no otro. Esto se resolverá recién el 7 de octubre, 40 días después de nuestra solicitud, lo que implica que los imputados se quedan encerrados más tiempo. Nosotros estimamos que lo que corresponde es que el 11 Juzgado se declare incompetente.”
¿Qué es lo que hace el Fiscal Peña en dos meses?
“Lo sorprendente es que Peña dice haber descubierto la existencia de ciertos componentes de uso exclusivamente militar, como TNT, RDX. Lo curioso es que se habrían hallado sólo trazas de TNT. No se ha encontrado ni un gramo de TNT.” LOS FUNDAMENTOS PEREGRINOS
¿Cómo transcurre el proceso?
“Los 14 imputados refieren absoluta inocencia respecto del delito de colocación de explosivos. Sobre el delito más rimbombante, pintoresco y pirotécnico, la Asociación Ilícita Terrorista, esa pretensión punitiva del Ministerio Público no llega ni a la vuelta de la esquina. Por lo menos en un tribunal oral en lo penal. Porque no concurren los presupuestos establecidos por el Legislador para que se configure el delito.”
¿Cuáles son los fundamentos de Peña?
“El fiscal argumenta que las casas okupa no son tales, sino “centros de poder”. Entonces si no es posible configurar el delito, obviamente no hay participación de los imputados en él. Lo que sí es una ignorancia inexcusable es decir que las casas okupas son fachadas de “centros de poder”. Homologar las casas okupas con terrorismo significa no conocer la realidad social actual.”
EL PORVENIR DEL CASO
¿Han tenido problemas como defensa durante el proceso?
“Hemos tenido muchas dificultades. Ya ha pasado un mes y medio y la defensa no tenemos copia integra y completa de la carpeta de investigación. El principio de igualdad de armas ha sido afectado y es inaceptable. Bajo el argumento de que todavía se están digitalizando. Y ya han pasado 50 días. De hecho, nos hemos noticiado más a través de El Mercurio y La Tercera.”
¿Cuánto tiempo para investigar tiene el Ministerio Público?
“El plazo de investigación es de 6 meses, aunque puede llegar hasta dos años. Sin embargo, ello no quiere decir que los muchachos tienen que estar privados de libertad todo ese tiempo. Apenas terminemos el trámite correspondiente a la competencia, comenzaremos la defensa estricta para que los jóvenes puedan optar a la libertad, sin perjuicio de ir preparando el camino para el juicio oral donde se resuelven los temas de fondo.”
¿Cómo calificarías la defensa de los prisioneros?
“Nosotros vamos por buen camino. Yo creo que ganaremos sobre la pretensión punitiva del Ministerio Público que ha demostrado su total falta de independencia, autonomía, y objetividad. El Ministerio Público ha sido influenciado por el poder político. Es decir, existe una estrecha relación con el momento político actual. Ahora, para nosotros el Ministerio Público está excusado porque en Derecho nadie está obligado a lo imposible, y es imposible que demuestren la Asociación Ilícita Terrorista. Y si la justicia no hace eco de las presiones políticas y se comporta como un tribunal de Derecho conforme a la ley y al Código Penal, no pueden sino absolver a nuestros representados.”
La Haine
La defensa de 9 de los imputados del llamado “Caso bombas” está en manos de la Defensoría Popular, cuyo objetivo es la defensa legal de los luchadores sociales que son víctimas de la criminalización del Estado. Su Director Ejecutivo es el abogado Rodrigo Román.
Discrecional e ilegalmente, el 23 de septiembre gendarmería trasladó de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) a Santiago 1 a cuatro de los aprehendidos, producto de lo cual comenzaron una huelga de hambre. Sólo después de las gestiones de sus abogados fueron reingresados el 1 de octubre a la CAS. Rodrigo Román ofreció los detalles del caso. ¿Cuáles argumentos esgrimieron para que los jóvenes fueran trasladados de nuevo junto a los demás imputados?
“Lo que nosotros alegamos es que el contacto criminógeno de Santiago 1 hace peligrar la integridad física y psíquica de estas personas. En todo caso, el régimen en el que se encuentran en la CAS es tremendo. Tienen 2 horas de patio y 22 de horas de encierro. El tribunal ordenó el retorno a la CAS de los cuatro imputados y eso produjo el fin de la huelga de hambre. Es decir acogió la solicitud de la defensa. Hay que considerar que la medida fue tomada inconsultamente por gendarmería.”
EL FISCAL PEÑA
¿Cómo se han desarrollado los procedimientos legales?
“Ha habido una dilación exagerada por parte del 11 Juzgado para resolver las peticiones de la defensa. Al respecto hoy está pendiente el debate relativo a cuál es el juez de garantía competente para conocer esta investigación, sin perjuicio de que la investigación la lleva el Ministerio Público. Según el Ministerio Público, sobre datos entregados por el Ministerio del Interior, los bombazos comienzan a sucederse en el 2005. A la fecha habrían ocurrido más de 100 en distintas comunas de Santiago. La investigación durante varios años estuvo en manos del fiscal Armendáriz y particularmente de Francisco Jacir, fiscal destacado para esta tarea de la Fiscalía Oriente. Sorpresivamente, hace tres meses supimos que se entregó el caso al Fiscal Alejandro Peña.”
¿En qué redundó el cambio de fiscal?
“En menos de dos meses, Peña, supuestamente, hizo lo que en cuatro años no pudieron hacer Armendáriz y Jacir, lo cual, entre otras cosas, considero una falta de respeto a la dignidad profesional de los fiscales. Peña es especialista en desbaratar bandas de narcotraficantes. Pero lo que no entiende es que los traficantes son distintos a muchachos libertarios de casa okupa.
En dos meses, el fiscal Peña, configura aparentemente la existencia de la Asociación Ilícita Terrorista, que es un delito, y la colocación de artefactos explosivos, que es otro. Por esas dos situaciones los muchachos son formalizados. Y rápidamente Peña ubica el caso en el 11 Juzgado de San Miguel, toda vez que estaba en el 8 Juzgado de Garantía. Esto violenta el derecho del debido proceso, y el derecho al juez natural o competente y no otro. Esto se resolverá recién el 7 de octubre, 40 días después de nuestra solicitud, lo que implica que los imputados se quedan encerrados más tiempo. Nosotros estimamos que lo que corresponde es que el 11 Juzgado se declare incompetente.”
¿Qué es lo que hace el Fiscal Peña en dos meses?
“Lo sorprendente es que Peña dice haber descubierto la existencia de ciertos componentes de uso exclusivamente militar, como TNT, RDX. Lo curioso es que se habrían hallado sólo trazas de TNT. No se ha encontrado ni un gramo de TNT.” LOS FUNDAMENTOS PEREGRINOS
¿Cómo transcurre el proceso?
“Los 14 imputados refieren absoluta inocencia respecto del delito de colocación de explosivos. Sobre el delito más rimbombante, pintoresco y pirotécnico, la Asociación Ilícita Terrorista, esa pretensión punitiva del Ministerio Público no llega ni a la vuelta de la esquina. Por lo menos en un tribunal oral en lo penal. Porque no concurren los presupuestos establecidos por el Legislador para que se configure el delito.”
¿Cuáles son los fundamentos de Peña?
“El fiscal argumenta que las casas okupa no son tales, sino “centros de poder”. Entonces si no es posible configurar el delito, obviamente no hay participación de los imputados en él. Lo que sí es una ignorancia inexcusable es decir que las casas okupas son fachadas de “centros de poder”. Homologar las casas okupas con terrorismo significa no conocer la realidad social actual.”
EL PORVENIR DEL CASO
¿Han tenido problemas como defensa durante el proceso?
“Hemos tenido muchas dificultades. Ya ha pasado un mes y medio y la defensa no tenemos copia integra y completa de la carpeta de investigación. El principio de igualdad de armas ha sido afectado y es inaceptable. Bajo el argumento de que todavía se están digitalizando. Y ya han pasado 50 días. De hecho, nos hemos noticiado más a través de El Mercurio y La Tercera.”
¿Cuánto tiempo para investigar tiene el Ministerio Público?
“El plazo de investigación es de 6 meses, aunque puede llegar hasta dos años. Sin embargo, ello no quiere decir que los muchachos tienen que estar privados de libertad todo ese tiempo. Apenas terminemos el trámite correspondiente a la competencia, comenzaremos la defensa estricta para que los jóvenes puedan optar a la libertad, sin perjuicio de ir preparando el camino para el juicio oral donde se resuelven los temas de fondo.”
¿Cómo calificarías la defensa de los prisioneros?
“Nosotros vamos por buen camino. Yo creo que ganaremos sobre la pretensión punitiva del Ministerio Público que ha demostrado su total falta de independencia, autonomía, y objetividad. El Ministerio Público ha sido influenciado por el poder político. Es decir, existe una estrecha relación con el momento político actual. Ahora, para nosotros el Ministerio Público está excusado porque en Derecho nadie está obligado a lo imposible, y es imposible que demuestren la Asociación Ilícita Terrorista. Y si la justicia no hace eco de las presiones políticas y se comporta como un tribunal de Derecho conforme a la ley y al Código Penal, no pueden sino absolver a nuestros representados.”
La Haine
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