Escribe/ Gara / Ekinklik
El juez de El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha enviado a prisión a cinco de los siete miembros de Askapena, mientras que para Lekuona y Sánchez ha decretado prisión eludible bajo fianza. El juez les levantó la incomunicación cuando fueron trasladados a la Audiencia Nacional , por lo que han contado con la presencia de sus abogados de confianza al pasar por el despacho del magistrado. Menos las amenazas sufridas por uno de ellos, el trato habría sido «correcto».
El magistrado de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz decretó el ingreso en prisión de Walter Wendelin, Gabi Basañez, Haritz Ganboa, Unai Vázquez y David Soto, mientras que para Rubén Sánchez e Itsaso Lekuona, solicitó prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para el primero y de 5.000 para la segunda. El tribunal especial también decretó una orden de búsqueda y captura contra el joven irundarra Uberka Bravo.
La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española no se conoció hasta cerca de las once de la noche, después de haber interrogado durante cuatro horas a los siete arrestados. El auto emitido por Ruz imputa un «delito de integración en organización terrorista» a los siete militantes de la organización internacionalista detenidos el martes por la Policía española.
Éstos fueron trasladados doce horas antes a la Audiencia Nacional española, hacia las 11.00 de la mañana de a ayer, y pasaron uno a uno por el despacho del juez Pablo Ruz.
Según informó la abogada Haizea Ziluaga a este diario el juez levantó el régimen de incomunicación justo antes del interrogatorio, por lo que declararon en situación de comunicación, es decir, asistidos por sus abogados de confianza. Así, la mayoría de los militantes de Askapena optaron por no declarar ante el juez, mientras que los que sí lo hicieron negaron los hechos que se les imputan.
El fiscal, por su parte, personado por Vicente González Mota, solicitó el ingreso en prisión de seis de los siete miembros, mientras que reclamó prisión eludible bajo fianza de 5.000 euros sólo para la hondarribitarra Itsaso Lekuona.
El fiscal del tribunal especial realizó dicha petición durante las vistas celebradas para adoptar medidas cautelares, que se desarrollaron al término de cada interrogatorio.
Así, el representante del Ministerio Público, les acusaba de un delito de «integración en organización terrorista» a Walter Wendelin, al que consideran el «responsable de la organización», a Rubén Sánchez, Gabi Basañez, Unai Vázquez, David Soto, Aritz Ganboa e Itsaso Lekuona, para la que reclamó una fianza de 5.000 euros con la que eludir la cárcel.
El juez de la Audiencia Nacional había aceptado aplicar medidas para «prevenir» posibles malos tratos. Al contrario que el juez Grande-Marlaska en el operativo de hace dos semanas contra Ekin, Pablo Ruz sí aceptó la petición de los abogados de los siete internacionalistas detenidos de que fueran visitados por un médico de confianza, que sus familiares estuvieran informados de dónde y cómo estaban, y que el periodo de detención fuera filmado en video. Aun así, el movimiento pro amnistía alertó el miércoles de que las medidas citadas «no son suficientes», puesto que personas detenidas a las que se les han aplicado esas mismas medidas han denunciado malos tratos «en más de una ocasión».
La abogada de la defensa ha aclarado que durante los tres días que los arrestados han permanecido incomunicados en manos de la Policía española, el trato ha sido «correcto» en la mayoría de los casos. Pese a todo, uno de los detenidos denunció ante el magistrado que había recibido amenazas por parte de un agente de la Policía durante el traslado a los juzgados. Hecho por el que el fiscal pidió que se deduzca testimonio y que se investigue el posible maltrato.
Mientras, familiares y amigos de los detenidos llegados desde Euskal Herria se agolparon en los alrededores de la Audiencia Nacional española desde primera hora de la mañana para mostrar su solidaridad con los arrestados. Allí se vivieron, sin embargo, momentos de tensión cuando los agentes de la Policía española que custodian el edificio les obligaron a alejarse del lugar.
En Euskal Herria, también hubo muestras de apoyo para los arrestados. Concretamente en la capital navarra, grupos solidarios e internacionalistas habían convocado una concentración para denunciar la redada contra Askapena. Según informaron a GARA, la Policía española también se personó en el lugar e identifico a cada una de las 50 personas que se encontraban en la concentración.
Acusaciones
El auto acusa a los detenidos de «integrar el Comité Nacional de Dirección de Askapena». Además, recoge que estas personas «difundían en diversos países de Europa, Centroamérica y Sudamérica los postulados de ETA y Batasuna» entre los que cita el documento «Zutik Euskal Herria», impulsada por la izquierda abertzale.
Las agencias españolas, indican, citando fuentes de la lucha de la investigación, que las observaciones telefónicas, las vigilancias y los registros que se han realizado durante la investigación «constatan de forma evidente la pertenencia a grupos de trabajo del denominado Movimiento Nacional de Liberación Vasco (MNLV)».
A pesar de que Askapena desarrollara su labor en el ámbito del internacionalismo de forma transparente durante más de dos décadas, el mismo día de los arrestos, el Ministerio español de Interior español ya emitía una nota en la que calificaba Askapena de «brazo internacional de ETA». Hecho que según Rubalcaba se dedujo de la documentación intervenida en mayo del 2008 al militante de ETA, Xabier López Peña, con los que para Interior se acreditan «cómo las actividades de Askapena se integraban en el diseño estratégico que, en materia de relaciones internacionales, ha desplegado ETA, con el fin de difundir sus reivindicaciones, recabar apoyos exterior para las mismas, deslegitimar el Estado español y establecer canales de comunicación y colaboración con otras organizaciones terroristas».
A esos vínculos con otras organizaciones se refirió el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que aseguró que los detenidos mantenían relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
movilizaciones
La protesta por el operativo policial sigue en la calle. 120 personas denunciaron estos arrestos ayer en Hondarribia, los mismos que en Algorta. Medio centenar fueron los reunidos en Galdakao.
AMENAZAS
Uno de los arrestados denunció ante el juez haber sufrido amenazas durante el traslado a los juzgados por parte de un agente de la Policía española. El fiscal, Vicente González, exigió que se recoja el testimonio y se investiguen los hechos.
Gares homenajea a «Alba», muerta en El Salvador
El Ayuntamiento de Gares aprobó ayer una moción en la que solicitan al Gobierno español que investigue la ejecución, a manos del ejército salvadoreño hace 20 años, de la brigadista de Askapena Begoña García «Alba». Además, el Consistorio estará en el homenaje del sábado que cuenta con el apoyo de Askapena. GARA
familiares
Decenas de familiares y allegados de los siete internacionalistas se agolparon ante las puertas de la Audiencia Nacional española desde primera hora de la mañana. La Policía les obligó a alejarse del lugar y hubo momentos de tensión.
Apoyo de Argentina e Irlanda para los internacionalistas
Ante las detenciones de siete internacionalistas, organizaciones de numerosos países han ido mostrando su apoyo a Askapena. Ayer integrantes del Euskal Herriaren Lagunak de Argentina y la organización irlandesa Ógra Shinn Féin rechazaron la operación dirigida por el juez Pablo Ruz. Desde Argentina denunciaron que «el Gobierno fascista español, amparado por el PSOE y el PP, sus jueces y policías, han acentuado la escalada represiva contra el pueblo vasco». Recordaron que los detenidos trabajaban desde hace años «de manera absolutamente legal» en el ámbito de la solidaridad internacionalista, la defensa de la lengua vasca y en la difusión de las ideas independentistas, «manteniendo una continua relación de información y difusión con dirigentes, líderes y funcionarios gubernamentales, así como con numerosas organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, de Derechos Humanos y movimientos sociales de Latinoamérica y el Tercer Mundo».
Euskal Herriaren Lagunak, relata a través de la nota emitida, que conocen personalmente a varios de los detenidos y que valoran «enormemente» el trabajo que «de manera clara y transparente» han realizado para acercar la realidad vasca a Argentina y, a la vez, difundir la historia y la lucha de Argentina en Euskal Herria. «No tenemos ninguna duda que estas detenciones, así como otras que vienen ocurriendo, basadas en la nefasta doctrina oficial de que «todo es ETA», apuntan a desalentar y quebrar el nuevo proceso en búsqueda de una salida política al prologando conflicto político y armado que vive el pueblo vasco», censuran. Por todo ello, desde la organización argentina, convocan a personalidades y organizaciones políticas y sociales de su país a expresar su solidaridad con los militantes detenidos. Así, emitieron una lista de adhesiones a su comunicado, entre los que se encuentran representantes de organismos como Madres de la Plaza de Mayo, Movimiento Peronista Revolucionario, Agrupación Martín Fierro, Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado o el Partido Comunista, entre otros.
John McDermott de Ógra Shinn Féin, por su parte, censuró este operativo. «Está claro que los intentos del movimiento independentista vasco de avanzar sin conflicto armado se encuentran con más brutalidad», dice McDermott. Además, añade que «los españoles se equivocan si piensan que pueden vencer la lucha vasca encarcelando los que están trabajando activamente por la independencia». GARA
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